Las declaraciones del Ministro del Interior insinuando que la mujer que aborta y un terrorista de ETA “tienen algo que ver pero no demasiado” son de una indecencia repugnante. Lo menos que podría hacer es dimitir e irse a vivir a un monasterio de clausura. Por cierto, resulta que a este “señor” sus colaboradores le planifican la agenda para que no falte ni un solo día a misa. Claro que eso no tiene nada que ver con que compare a una mujer que aborte con un terrorista que va por ahí pegando tiros en la nuca.
Pero no hay mal que por bien no venga. Jorge Fernández
Díaz y su repugnante indecencia han conseguido
que se hable del tema. A lo mejor así reaccionamos de una vez. Porque la verdad
es que nos cuesta reaccionar. Y mucho.
La
contrarreforma sobre la ley del aborto que está planificando el gobierno está
pasando –al menos hasta ahora –poco menos que desapercibida dada la situación
que vive el país. Quizás por ello han
elegido este momento no sólo para intentar volver a la ley de 1985, sino para hacerla
más restrictiva. Que políticos ultracatólicos y con una formación opusina
quieran recuperar la ley de supuestos no es algo que
sorprenda. Al fin y al cabo forman parte de un partido democristiano y ya se opusieron a la aprobación de la ley de plazos en 2010.
Lo que no se sostiene por ningún lado es que el
ministro de justicia quiera hacer una ley más restrictiva que la de hace tres
décadas. Algo a lo que no se atrevió ni José María Aznar en los ocho años que estuvo en el poder. Querer
eliminar el supuesto de anomalía fetal
es una aberración impropia de un gobierno democrático que debería tener a
nuestra sociedad en pie de guerra. Al
año se realizan actualmente 3000 abortos por anomalías fetales, muchas de ellas
graves o incompatibles con la vida. Pretender obligar a una mujer a ser madre en esas condiciones es intolerable y propio de una sociedad integrista .
Las intenciones de Gallardón no se quedan solo ahí.
El supuesto de riesgo para la salud de la madre se quiere mantener pero con más
restricciones que antes. Con la ley actual un médico tiene que acreditar ese
riesgo para la salud de la mujer, una vez pasado el plazo de aborto libre. El
ministro quiere evitar que los facultativos que acrediten el riesgo para la
salud de la madre estén vinculados a la
clínica donde se vaya a realizar el aborto. Algo que parece muy difícil de
conseguir dado que el 97 % de los
abortos se practican en clínicas privadas. Si la ley prima la salud del feto a
la de la madre podremos ver situaciones en España como la de la chica de 22 años que está luchando por su vida en El Salvador porque no la dejan abortar.
Hace unos días contaban en la radio que 70.000 mujeres
mueren al año por abortos clandestinos. Si Gallardón logra seguir adelante con sus planes España va a contribuir a que esa cifra aumente. No
quiero vivir en un país en el que una sola mujer tenga que añadir al drama de pasar por un aborto el miedo y la inseguridad de estar haciendo algo ilegal. No
quiero una sociedad en la que sólo las que tienen dinero puedan abortar con
garantías para su salud porque puedan pagarse el viaje para interrumpir su
embarazo.
Ya le tocó a la generación anterior. Miles de mujeres en los años setenta y ochenta
tuvieron que ir a Londres o a Amsterdam. Las que pudieron permitírselo. Las que
no tenían para el billete pasaron por intervenciones dolorosísimas poniendo en grave
riesgo su salud.
Eso lo teníamos superado a estas alturas. No podemos
volver atrás. No podemos permitirlo de ninguna manera. Con o sin crisis, esto
es una cuestión vital para nuestra libertad como mujeres, para la de nuestras
hijas y para la de toda nuestra sociedad. De justicia es –Sr. Gallardón –no permitir que se recorten derechos que ha
costado siglos conseguir. Si se le olvida, las mujeres haremos lo imposible por
recordárselo. Incluso algunas de su propio partido. Incluso algunas (¿o muchas?
) que le han votado.
